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Las enfermeras alavesas se adhieren a querella contra el Presidente y el Ministro de Sanidad

Por el 01/05/2020
coronavirus

El Colegio Oficial de Enfermería de Álava se adhiere a la querella interpuesta por el Consejo General de Enfermería contra el Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad  y varios cargos de su Ministerio, específicamente la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores. La querella también plantea otros presuntos delitos, como la imprudencia grave, con resultado de lesiones o muerte.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Álava, Hosanna Parra Vinós ha asegurado que “el origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con COVID-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios en centros hospitalarios y sanitarios de Álava”.

La querella, como resultado de un análisis jurídico

La querella, que se presentaba por parte del Consejo General ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo realiza un amplio relato de los hechos, acompañado de abundante documentación que explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir recientemente la entrega de materiales defectuosos (como mascarillas) o los test sin la fiabilidad suficiente.

En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores y trabajadoras (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.

«La escasez de materiales de protección y la sobrecarga asistencial están presentes en esta crisis sanitaria y, el gobierno está obligado a garantizar el suministro de material y equipo en términos de cantidad y calidad, y de no hacerlo está poniendo en riesgo la seguridad de casi 3.000 enfermeras y enfermeros alaveses«, ha asegurado Hosanna Parra.

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